Encuentro con medios de comunicación

Mañana miércoles 7 de julio a las 12 hs. estaremos conectados con diferentes medios de comunicación a fin de informar sobre la contaminación en San Antonio Oeste,

  • su origen y características: Lic. Renzo Bonuccelli, Geólogo.
  • su impacto en la salud de la población: Dra. Susana García, Médica Toxicóloga, Prof. Adj. de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA.
  • situación actual en torno de la remediación: Ing. Patricia Llonch, Veedora de la obra de remediación por la Comisión Multisectorial.

Agradecemos a los periodistas y comunicadores Carlos Campolongo, Claudio Gutiérrez, Julio Ramón Alcalde y Carlos Aguilar por su colaboración en la organización del evento, así como a SAOTV Canal 4 y Edgardo Efrain Devia Sainges, a través de cuyo programa «Cómo estamos hoy» los vecinos interesados podrán acceder a la información.

El Legislador Juan Martín presentó Proyecto de Comunicación por remediación en San Antonio Oeste

El Proyecto ingresó hoy a la Legislatura Provincial

En el día de la fecha el Legislador Juan Martín, del Bloque Juntos por el Cambio, presentó ante la Legislatura Provincial un Proyecto de Comunicación que tal como en el Proyecto de la Legisladora Gemignani, manifiesta al Poder Ejecutivo Nacional «la urgente necesidad de hacer honor a los compromisos asumidos y completar la remediación de los sitios contaminados en San Antonio Oeste como consecuencia de la actividad minera de Mina Gonzalito».

En los Fundamentos, el Legisladora hace un pormenorizado detalle de los sucesos ocurridos en San Antonio Oeste respecto de la contaminación, y en particular respecto de los compromisos asumidos por la Nación desde 2007.

Los Concejales de JSRN rechazan el intento de silenciar a la Multisectorial

Consideran » intolerable, inadmisible e improcedente que un ente público estatal como es la Secretaría de Minería de la Nación”, plantee esa solicitud, porque de ese modo se está “violando el derecho a la información que es una de las características de la forma republicana de gobierno y más cuando la información que se pretende reservar es información pública ambiental”.

El bloque de concejales de Juntos Somos Río Negro (JSRN), presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de comunicación a través del cual rechazan el pedido de la Secretaría de Minería de la Nación, por intermedio de su abogado Gaspar Alejandro Platino, que el Juez Federal De Viedma haga “reserva del expediente” y que conmine a la Multisectorial del Plomo de San Antonio Oeste a “que se abstenga de publicar información sobre una problemática que afecta a nuestra comunidad”.

En el amparo presentado por los vecinos que la integran, y que se tramita ante el Juzgado Federal de Viedma, el organismo nacional encargado de que se concluyan las obras de remediación, solicitó que “arbitre los medios necesarios a los fines que se encomiende el cese de las publicaciones en las redes sociales y/o plataformas o sitios web” de las tramitaciones que se llevan a cabo.

Al mismo tiempo pide que se “disponga la reserva de las actuaciones y se conmine a la actora a los fines que se abstenga de publicar información hasta tanto adquiera carácter de público.

”Para los ediles de JSRN resulta “intolerable, inadmisible e improcedente que un ente público estatal como es la Secretaría de Minería de la Nación”, plantee esa solicitud, porque de ese modo se está “violando el derecho a la información que es una de las características de la forma republicana de gobierno y más cuando la información que se pretende reservar es información pública ambiental”.

Indican en los considerandos que “pretender silenciar y amenazar con la Justicia a la Comisión Multisectorial para que cese en la difusión de la información tendiente a ilustrar la marcha de las tareas de remediación ambiental”, tema de interés para la comunidad, “máxime cuando no se advierte el perjuicio que ello ocasionaría al normal desarrollo del proceso judicial”.

En su articulado, solicitan “enviar copia de la presente comunicación al señor Secretario de Minería de la Nación, Dr. Alberto Hensel, para su conocimiento y consideración” y a la Multisectorial del Plomo de San Antonio Oeste.

La Legisladora Marilin Gemignani presentó proyecto de comunicación repudiando intento de silenciar a la Multisectorial

La comunicación, dirigida al Poder Ejecutivo Nacional – Secretaría de Minería de la Nación, incluye además «la urgente necesidad de finalizar el proceso de remediación»

La Legisladora Marilin Gemignani, del Bloque Juntos Somos Río Negro, presentó hoy ante la Legislatura Provincial un proyecto de comunicación -cuyo texto completo puede leerse mediante el siguiente enlace– incluyendo en su parte resolutiva:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
COMUNICA

Artículo 1º.- Al Poder Ejecutivo Nacional, a la Secretaría de Minería de la Nación:

a) el más enérgico repudio al pedido del Sr. Gaspar Alejandro Platino, representante legal de la Secretaría de Minería de la Nación, ante el Juzgado Federal de Viedma donde solicita se encomiende el cese de las publicaciones en cualquier medio digital a la Comisión Multisectorial por el plomo de San Antonio Oeste referidas al proceso de remediación de residuos de metales pesados que la empresa Geotécnica S.A depositó en el acceso a dicha ciudad entre finales de la década del cincuenta y principios del setenta.


b) la urgente necesidad de finalizar el proceso de remediación de los denominados residuos.


Artículo 2º.- De forma.

LA SECRETARÍA DE MINERÍA DE LA NACIÓN INTENTÓ SILENCIAR A LA MULTISECTORIAL

LA PRETENCIÓN FUE RECHAZADA POR EL JUEZ DEL AMPARO, EN UNA RESOLUCIÓN EJEMPLAR

Insólitamente, en un escrito presentado el 31/05, el Dr. Gaspar Alejandro Platino, abogado representante de la Secretaría de Minería de la Nación en el amparo que se tramita ante el Juzgado Federal de Viedma, solicitó al Juez: “arbitre los medios necesarios a los fines que se encomiende el cese de las publicaciones en las redes sociales y/o plataformas o sitios web (…)”  y que “disponga la reserva de las actuaciones y se conmine a la actora a los fines que se abstenga de publicar información hasta tanto adquiera carácter de público.”

Respecto de la reserva de las actuaciones, el Juez se expidió en los siguientes términos:  “A la reserva del expediente solicitada, no ha lugar por improcedente, siempre que por la naturaleza de la acción ejercida y el bien jurídico que se procura resguardar – recomposición ambiental- no permite su encuadre en el molde establecido en el art 64 del Reglamento de la Justicia Nacional para la reserva de la actuaciones.”

Con respecto a la solicitud de «conminar a la Multisectorial para que se abstuviera de publicar información», el Juez resolvió:

…”visto que el derecho a la información es la que caracteriza a la forma republicana de gobierno, donde uno de los componentes centrales es la publicidad de los actos públicos y, en la advertencia, que el acceso a la información pública ambiental comprensiva de las actividades que se desarrollan en relación a ello reconoce soporte legal en lo dispuesto en el art. 2 de la ley 25.831 y en el art. 16 de la 25.675, así como en diversos tratados internacionales, según señalara el Alto Tribunal de la Nación en el precedente “Giustinianni, Rubén Héctor c/YPF S.A, s/amparo por mora” (sent. 10.11.2015), pues amen de su carácter instrumental “constituye un derecho sustantivo de titularidad colectiva” (Cafferatta, Néstor “Contenido del derecho-deber de información ambiental” Abeledo Perrot, 2011, t. 1, p.459 citado en Ley 25.675 General del Ambiente Comentada, Concordada y Anotada de José Alberto Esain Tº 1, P. 683), a lo peticionado no ha lugar.

Ello así, por cuanto no tengo dudas en base a los parámetros legales anotados que la pretensión de conminar a la Comisión Multisectorial para que cese en la difusión de la información tendiente a ilustrar la marcha de las tareas de remediación ambiental -que reviste directo interés en la comunidad de San Antonio Oeste dada la repercusión que ese pasivo ambiental ha provocado en la salud de los ciudadanos que residen en los lugares afectados por la contaminación-, en modo alguno puede ser acompañada, máxime cuando no se advierte el perjuicio que ello ocasionaría al normal desarrollo del proceso judicial.”

Proviniendo de un ente público estatal como es la Secretaría de Minería de la Nación, no podemos dejar de manifestar nuestra sorpresa y estupor por el pedido realizado al Juez de la causa.

La remediación ambiental es de interés público. Los actos provienen de funcionarios públicos y la actividad que llevan adelante también es pública. Los funcionarios públicos, como tales, deben ser transparentes y rendir cuenta de sus actos ante sus administrados. Pareciera que por momentos las autoridades mineras olvidan que no sólo existe el derecho a informarse, sino que como funcionarios públicos tienen el deber de informar. 

Infancias vulneradas por el plomo

Los riesgos que enfrentan los niños y niñas de San Antonio Oeste.

Presentamos el estreno del nuevo video «Historia con viento: infancias vulneradas por el plomo, de la Comisión Multisectorial por la Contaminación de Metales Pesados en San Antonio Oeste».

Una realización de Claudia Salazar, Lala Grafigna y Eduardo Iturrioz.

Sobre los conceptos del Director Nacional de “Producción Minera Sustentable” (3)

Completando esta serie de publicaciones sobre la respuesta del Director Nacional Alberto Capra a los cuestionamientos de la Multisectorial con respecto al nuevo acuerdo Nación-Provincia-Municipio, corresponde en este momento focalizar en lo que refiere a la Cooperación Técnica del BID.

Son tantos los párrafos incluidos en la nota suscripta por el Lic. Capra respecto de la Cooperación Técnica, todos ellos tan profundamente erróneos y desafortunados, que sería imposible incluirlos en ésta para contestarlos puntualmente. 

Baste decir que en resumen,  el Lic. Capra admite que la Secretaría de Minería de la Nación suspendió las tareas que se estaban llevando adelante en el marco de esta Cooperación Técnica (fondos no reintegrables aportados por el BID),  tareas que consideró  inconducentes,  redundantes, transitorias, dilatorias, y básicamente inútiles porque los fondos afectados no eran suficientes para hacer la obra.

Y con esta liviandad la Secretaría de Minería de la Nación rechazó los productos de consultoría (Línea de Base, Alternativas de Remediación y Proyecto) que iban a resultar de esta Cooperación Técnica, para las que el BID había afectado u$s250.000.- no reintegrables.   

Tal vez las autoridades mineras desconozcan que es fundamental contar con una Línea de Base desarrollada por una consultora independiente, a partir de la cual pueda conocerse el estado real de los suelos intervenidos por la contratista para tomar decisiones respecto del uso y destino de los terrenos. Por ello, si de la Cooperación Técnica sólo hubiera resultado la Línea de Base, ésta habría sido un aporte sustancial a favor de los vecinos de San Antonio Oeste.

La Línea de Base también es fundamental para poder analizar alternativas de remediación. Y ello, imprescindible para poder elaborar un Proyecto de Remediación, sin el cual, obviamente, no se puede presupuestar, ni gestionar el financiamiento, ni ejecutar la obra para completar la remediación de los suelos contaminados en San Antonio Oeste.

Por decisión de Minería, hemos vuelto a foja cero; sólo las autoridades mineras entienden esto como un avance. Para todos los demás, es un retroceso  enorme. 

Sobre los conceptos del Director Nacional de «Producción Minera Sustentable» (2)

2) Sobre las indefiniciones con respecto a la remediación de calles y veredas de La Fundición, el Lic. Capra sorpresivamente manifiesta:

“La indefinición respecto al sitio de disposición  final no es responsabilidad del Estado Nacional, por cuanto los materiales removidos deben ser dispuestos en la jurisdicción provincial de Río Negro, y es dicha Provincia la que debe resolver una propuesta viable desde el punto de vista principalmente ambiental, incluyendo la tramitación de los permisos y autorizaciones en el marco de las Leyes provinciales 4.741, 3.266 y 3.250 referidas a la evaluación del impacto ambiental, declaración de impacto ambiental y manejo de residuos especiales.”

Una vez más, se interpretan erróneamente derechos y obligaciones de las partes y/o  se distorsionan los hechos con intenciones no explicitadas.

No estamos frente a una obra nueva. El proceso para la ejecución de la obra de remediación se inició con la firma del Convenio entre Nación y Provincia en 2009. Las obligaciones de las partes fueron claramente establecidas en aquel convenio, que fue luego ratificado, especificado y complementado en el Acuerdo Nación, Provincia y Municipio de 2016.

La Nación solicitó un predio a la Provincia oportunamente,  y oportunamente la Provincia lo afectó, en base a un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y demás procedimientos administrativos requeridos a tal efecto, con participación incluso de la Legislatura Provincial. 

Errores y desaciertos de exclusiva responsabilidad de la Secretaría de Minería de la Nación condujeron a la paralización de la obra en 2018, sin que se hubieran alcanzado los objetivos de remediación. Pero la obra no ha terminado, tal como el propio Lic. Capra reconoce en su nota  cuando advierte: “Debe remarcarse que Taym S.A. tiene responsabilidad por la posesión de todas las áreas sujetas a intervención que son objeto del referido Contrato de la LPN N° 01/2016.”.

No obstante ello, la Provincia puso también a disposición de la Nación la celda de disposición final de Catriel para recibir el material a remover de las calles y veredas de La Fundición.

Pero la obra en teórica ejecución es de estricta y exclusiva responsabilidad de la Secretaría de Minería de la Nación, por ello es ésta quien está obligada a remediar por imperio de la orden judicial cuyo cumplimiento viene tratando de evitar desde hace más de tres años.

Este intento de la Secretaría de Minería de la Nación de adjudicar las demoras y las indefiniciones a la Provincia es, cuanto menos, indigno.  Con o sin la anuencia de la propia Provincia, configura una nueva burla a los vecinos de San Antonio Oeste, y ratifica la permanente conducta elusiva de la Secretaría de Minería de la Nación cuando de hacerse cargo de los pasivos ambientales mineros se trata.

Sobre los conceptos del Director Nacional de «Producción Minera Sustentable» (1)

La Comisión Multisectorial detalló al Intendente Municipal Adrián Casadei, mediante nota fechada el 28/04, los aspectos más preocupantes del convenio recientemente suscripto por la Municipalidad y la Provincia con la Secretaría de Minería de la Nación, acuerdo al que consideramos un retroceso inadmisible en el proceso hacia la remediación de los terrenos contaminados por pasivos ambientales mineros en San Antonio Oeste.

El Intendente trasladó la nota de la Multisectorial al Secretario de Minería, Alberto Hensel, y obtuvo una respuesta del Director Nacional de Producción Minera Sustentable (sic), Alberto Capra, que se nos comunicó el pasado 13 de mayo.

La cantidad de los elementos que deben señalarse sobre los conceptos vertidos por el Sr. Capra nos obliga a generar diversas entradas en este blog.

En esta primera entrada nos parece sustancial referirnos a la más peligrosa de todas las consecuencias del convenio ya referido.

1- Sobre la desaparición de la obligación de  remediar los terrenos contaminados en el Frente La Estanciera y el Frente El Autódromo.

El Lic. Capra manifiesta en su nota:

 “Sucede que en 2018 y 2019, a través de Adendas al contrato original con  Taym, las Partes, incluyendo la propia Comisión Multisectorial, resolvieron dilatar para otros momentos la situación relativa a la eliminación definitiva de los suelos contaminados de las calles y veredas, como la de   la situación de áreas de “El  Autódromo” y “La Estanciera”. (…)

Al respecto, parece ser necesario aclarar:

La Comisión Multisectorial  es una organización social, un grupo de vecinos e instituciones de la comunidad. No  tiene,  ni tuvo nunca, la capacidad de “resolver”  lo que una empresa contratada por el Estado tiene que hacer o dejar de hacer.  Precisamente porque no tiene esa capacidad es que en 2018 presentó ante el Juzgado Federal de Viedma,  con el aval de más de mil vecinos de San Antonio Oeste,  una acción de amparo contra el Estado Nacional (…) y  la empresa TAYM S.A, (…) , con el objeto de que se les ordene que continúen con las tareas de remediación de las zonas contaminadas con plomo y otros metales pesados en San Antonio Oeste -provincia de Río Negro- hasta alcanzar la total remediación de las zonas contaminadas.

La Comisión Multisectorial nunca fue una de “Las Partes”; nunca “resolvió” nada en relación con la obra o con la empresa, y de ninguna manera puede haber decidido dilatar aquello  que desde hace tres años reclama en la Justicia, lo mismo por lo que lucha desde hace 16 años, y precisamente lo mismo por lo que estamos luchando en este mismo acto.

Imploramos  a las autoridades mineras  que revisen los antecedentes del proceso, y puntualmente las actuaciones en el Expediente del Amparo.  De haberlo hecho en su momento  tal vez habrían evitado sus “erróneas interpretaciones de las resoluciones del Juzgado Federal”  que generaron demoras inauditas en la remediación y pérdidas millonarias al erario público.  Si conocieran mejor los antecedentes, podrían evitar también las erróneas interpretaciones en los roles de cada uno de los actores del proceso, y puntualmente los de la Comisión Multisectorial.

Pero  puede leerse en  la nota suscripta por el Lic. Capra:

“Esta Administración  no puede de ninguna manera deslindarse de la responsabilidad  de dichos sitios, que serán intervenidos por Taym S.A. o, en su defecto, por terceros; pero al fin, resueltos de manera tal de propender a la solución definitiva de los aspectos asociados con la salud y con el bienestar de la comunidad.”

Lamentablemente los comentarios de un funcionario en una nota cualquiera no constituyen compromiso institucional alguno para el Estado Nacional. Pero si sus aseveraciones  respecto de las intenciones, posibilidades y decisiones de la Secretaría de Minería, fueran ciertas, no debería haber impedimento alguno en volver a escribir el acuerdo para incluir el compromiso de REMEDIAR EL TOTAL DE LOS SITIOS CONTAMINADOS EN SAN ANTONIO OESTE, tal como aparecía en el Convenio de 2016.  

Priorizando la salud de los vecinos por sobre cualquier otra consideración, esto es lo que deberían solicitar las autoridades municipales y provinciales.

Ubicación de las pilas de escorias en San Antonio Oeste
Pila de escorias de «El Autódromo», sin cerco ni cartelería

Audiencia ante el Concejo Deliberante

En la mañana de hoy fuimos recibidos por el Concejo Deliberante de San Antonio Oeste, en respuesta a la solicitud de audiencia presentada días atrás por miembros de la Comisión Multisectorial.

Participaron de la reunión la Presidenta del Concejo Deliberante Alicia Paugest, las concejales Rossana Tomasini, Marcela Dodero, Vanesa Carmona y Paola Turri, y los concejales Daniel López, Guillermo Masch y Matías Rodríguez. Se encontraba también presente el titular de la cartera de Ambiente de la Municipalidad, Oscar Echeverría.

Se nos dio la oportunidad de expresar y fundamentar las preocupaciones derivadas de la firma del nuevo acuerdo recientemente suscripto con la Nación y la Provincia, especialmente en lo que respecta a las obligaciones de Nación para con la remediación, las cuales fueron asumidas en 2009 y ratificadas en 2016, y que podrían desaparecer de no mediar una corrección de los términos del acuerdo actual.

El Sr. Echeverria manifestó compartir las preocupaciones de la Multisectorial en este sentido y expresó su decisión de solicitar asesoría legal específica.

La Multisectorial solicitó a las y los concejales que pusieran en la agenda del Cuerpo el tema de la remediación de San Antonio Oeste, y aumentaran el nivel de participación en las cuestiones relacionadas con el mismo.

Han pasado muchos años desde que se detectó el problema; gobiernos de distinto signo político, tanto en el plano local como provincial y nacional- tuvieron su cuota de responsabilidad en el proceso, en los avances y en los retrocesos. La historia de la Multisectorial es rica tanto en acuerdos como en desacuerdos con todos ellos.

Es imperativo que tanto el Concejo Deliberante como el Poder Ejecutivo Municipal prioricen la resolución de este problema por sobre cualquier interés partidario. Lo que está en juego es la salud, el ambiente y el territorio de los ciudadanos de San Antonio Oeste; simplemente demasiado.