La Legislatura Provincial aprobó hoy un proyecto presentado por el legislador Juan Martin (Juntos por el Cambio) para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con su compromiso de remediación ambiental de los sitios contaminados por la actividad de Mina Gonzalito.
Además, el proyecto, votado por unanimidad, le indica al Gobierno de la Provincia que desestime la propuesta hecha a tal respecto por Nación en marzo de 2021 y que se ajuste al compromiso de 2016, que refleja el reclamo de los vecinos de San Antonio Oeste.

El proyecto de comunicación aprobado en el día de la fecha, expresa entre sus Fundamentos:

» (…) En septiembre de 2009 la Secretaría de Minería de la Nación y la Provincia de Río Negro firmaron el Acuerdo de Complementación, Colaboración y Gestión Asociada para la ejecución del Subprograma Gestión Ambiental Minera, a través del cual la Nación se comprometió a realizar la evaluación detallada y el proyecto de remediación del pasivo ambiental en San Antonio Oeste, y ejecutar la obra.

Entre 2010 y 2012 la Nación contrató y supervisó el desarrollo de la consultoría para la definición del Proyecto de Remediación y en 2014 presentó ante la Autoridad Ambiental Provincial el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, el que luego del proceso de evaluación previsto por la ley 3266, obtuvo aprobación mediante la Resolución Ambiental 489/14, rectificada posteriormente por la Resolución Ambiental n° 650/2014.

A principios de 2015 adjudicó la obra a la firma Ezequiel Walter Silva, que inició las actividades en el mes de abril, pero este contrato fue rescindido en julio de 2016 como consecuencia de serios y reiterados incumplimientos de la empresa contratista a obligaciones establecidas en el contrato.

El 27 de julio de 2016 la Secretaría de Minería de la Nación, la Provincia de Río Negro y la Municipalidad de San Antonio Oeste suscribieron un nuevo Acuerdo Marco para efectivizar la remediación con el compromiso y la cooperación de los tres niveles del Estado involucrados en el proceso. Una vez más, la Nación asumió el compromiso de “Ejecutar la Obra de Remediación Ambiental (…) de conformidad con la normativa nacional, provincial y municipal aplicable, y específicamente con lo establecido por las Resoluciones Ambientales n° 489/2014 y n° 650/2014 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro”.
La Nación volvió a licitar la obra, que esta vez se adjudicó a la firma Taym S.A., y las actividades se reiniciaron en abril de 2017.

Pero en marzo de 2018, la Secretaría de Minería de la Nación comunicó que consideraba extinto el contrato con Taym S.A. por haberse agotado los fondos disponibles para la obra, a pesar de no haberse alcanzado los objetivos de remediación establecidos en el Pliego y comprometidos en los Acuerdos suscriptos con la Provincia y el
Municipio. Estos mismos objetivos habían sido incluidos con carácter de declaración jurada en el Estudio de Impacto
Ambiental y presentados ante la ciudadanía en la Audiencia Pública.

Quedaron en San Antonio Oeste depósitos de escorias sin intervención alguna y otros con intervención parcial e incompleta. Un Informe Técnico oficial reporta alarmantes concentraciones de metales pesados en veredas del
sector urbano. En el caso del plomo, mientras el nivel guía de calidad para suelo residencial que especifica la ley 24051 es de 500 ppm, el Informe reporta valores de hasta 152.133 ppm en superficie, generando riesgos inadmisibles para la salud humana. (…)

Ya en 2021, la Secretaría de Minería de la Nación propone a la Provincia y el Municipio la suscripción de un nuevo acuerdo a través del cual reconoce una mínima parte de los compromisos asumidos en los documentos
mencionados, y deroga el Acuerdo Marco de 2016.

Ante esta situación se necesita actuar de manera urgente; para por un lado, visibilizar la problemática de contaminación en que se encuentran los ciudadanos de la localidad de San Antonio Oeste y, por el otro, evitar retrocesos en las gestiones institucionales realizadas y que derivaron en el Acuerdo Marco de 2016, que
contó con la participación de todos los actores. (…)

Tenemos en este proyecto la oportunidad de ser congruente con la adhesión a ley 27592 y poner en evidencia el compromiso de esta legislatura con la perspectiva de desarrollo sostenible; y en particular la necesidad de
remediar el pasivo ambiental que afecta la calidad de vida de los rionegrinos del pueblo de San Antonio Oeste.»

Ya en su articulado:

«LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
C O M U N I C A

Artículo 1°.- A la Secretaría de Minería de la Nación, la urgente necesidad de hacer honor a los compromisos
asumidos y completar la remediación de los sitios contaminados en San Antonio Oeste como consecuencia de la
actividad minera de Mina Gonzalito.

Artículo 2°.- Al Poder Ejecutivo Provincial, la necesidad de desestimar el Acuerdo propuesto por la Secretaría de
Minería de la Nación en marzo del presente año, restituyendo la vigencia del Acuerdo Marco de 2016.

Artículo 3°.- De forma.»

La Legislatura Provincial aprobó hoy un proyecto presentado por el legislador Juan Martin (Juntos por el Cambio) para exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con su compromiso de remediación ambiental de los sitios contaminados por la actividad de Mina Gonzalito.
Además, el proyecto, votado por unanimidad, le indica al Gobierno de la Provincia que desestime la propuesta hecha a tal respecto por Nación en marzo de 2021 y que se ajuste al compromiso de 2016, que refleja el reclamo de los vecinos de San Antonio Oeste.

El proyecto de comunicación aprobado en el día de la fecha, expresa entre sus Fundamentos:

» (…) En septiembre de 2009 la Secretaría de Minería de la Nación y la Provincia de Río Negro firmaron el
Acuerdo de Complementación, Colaboración y Gestión Asociada para la ejecución del Subprograma Gestión Ambiental Minera, a través del cual la Nación se comprometió a realizar la evaluación detallada y el proyecto de remediación del pasivo ambiental en San Antonio Oeste, y ejecutar la obra.

Entre 2010 y 2012 la Nación contrató y supervisó el desarrollo de la consultoría para la definición
del Proyecto de Remediación y en 2014 presentó ante la Autoridad Ambiental Provincial el correspondiente Estudio de
Impacto Ambiental, el que luego del proceso de evaluación previsto por la ley 3266, obtuvo aprobación mediante la
Resolución Ambiental 489/14, rectificada posteriormente por la Resolución Ambiental n° 650/2014.

A principios de 2015 adjudicó la obra a la firma Ezequiel Walter Silva, que inició las actividades en
el mes de abril, pero este contrato fue rescindido en julio de 2016 como consecuencia de serios y reiterados incumplimientos de la empresa contratista a obligaciones establecidas en el contrato.

El 27 de julio de 2016 la Secretaría de Minería de la Nación, la Provincia de Río Negro y la Municipalidad de San Antonio Oeste suscribieron un nuevo Acuerdo Marco para efectivizar la remediación con el compromiso y la cooperación de los tres niveles del Estado involucrados en el proceso. Una vez más, la Nación asumió el compromiso de “Ejecutar la Obra de Remediación Ambiental (…) de conformidad con la normativa nacional, provincial y municipal aplicable, y específicamente con lo establecido por las Resoluciones Ambientales n° 489/2014 y n° 650/2014 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Río Negro”.
La Nación volvió a licitar la obra, que esta vez se adjudicó a la firma Taym S.A., y las actividades se reiniciaron en abril de 2017.

Pero en marzo de 2018, la Secretaría de Minería de la Nación comunicó que consideraba extinto el contrato con Taym S.A. por haberse agotado los fondos disponibles para la obra, a pesar de no haberse alcanzado los objetivos de remediación establecidos en el Pliego y comprometidos en los Acuerdos suscriptos con la Provincia y el
Municipio. Estos mismos objetivos habían sido incluidos con carácter de declaración jurada en el Estudio de Impacto
Ambiental y presentados ante la ciudadanía en la Audiencia Pública.

Quedaron en San Antonio Oeste depósitos de escorias sin intervención alguna y otros con intervención parcial e incompleta. Un Informe Técnico oficial reporta alarmantes concentraciones de metales pesados en veredas del
sector urbano. En el caso del plomo, mientras el nivel guía de calidad para suelo residencial que especifica la ley 24051 es de 500 ppm, el Informe reporta valores de hasta 152.133 ppm en superficie, generando riesgos inadmisibles para la salud humana. (…)

Ya en 2021, la Secretaría de Minería de la Nación propone a la Provincia y el Municipio la suscripción de un nuevo acuerdo a través del cual reconoce una mínima parte de los compromisos asumidos en los documentos
mencionados, y deroga el Acuerdo Marco de 2016.

Ante esta situación se necesita actuar de manera urgente; para por un lado, visibilizar la problemática de contaminación en que se encuentran los ciudadanos de la localidad de San Antonio Oeste y, por el otro, evitar retrocesos en las gestiones institucionales realizadas y que derivaron en el Acuerdo Marco de 2016, que
contó con la participación de todos los actores. (…)

Tenemos en este proyecto la oportunidad de ser congruente con la adhesión a ley 27592 y poner en evidencia el compromiso de esta legislatura con la perspectiva de desarrollo sostenible; y en particular la necesidad de
remediar el pasivo ambiental que afecta la calidad de vida de los rionegrinos del pueblo de San Antonio Oeste.»

Ya en su articulado:

«LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
C O M U N I C A

Artículo 1°.- A la Secretaría de Minería de la Nación, la urgente necesidad de hacer honor a los compromisos
asumidos y completar la remediación de los sitios contaminados en San Antonio Oeste como consecuencia de la
actividad minera de Mina Gonzalito.

Artículo 2°.- Al Poder Ejecutivo Provincial, la necesidad de desestimar el Acuerdo propuesto por la Secretaría de
Minería de la Nación en marzo del presente año, restituyendo la vigencia del Acuerdo Marco de 2016.

Artículo 3°.- De forma.»

A través de un exhaustivo Pedido de Informes al Poder Ejecutivo, la Diputada Nacional Lorena Matzen solicitó precisiones sobre la remediación suspendida en 2018.

La Oficina de Prensa Diputada Nacional Lorena Matzen dio a conocer la noticia a través de una gacetilla de prensa a través de la cual se comunica que:

«Este requerimiento tiene origen en la firma de un nuevo Convenio, el tercero, para la remediación de la contaminación generada por los escombros de fundiciones de la empresa Geotécnica S.A. y en las condiciones del acuerdo, que diluye los compromisos de Nación suscriptos en los convenios anteriores, que no define el sitio de disposición final de los residuos ni estima fecha de inicio ni plazos para la ejecución de la obra.

En 1994, a partir del estudio del sedimento de la Bahía de San Antonio, se detecta la contaminación por hidrocarburos y metales (plomo) a lo largo de la costa atlántica y en la población local. Empiezan a aparecer valores muy elevados de metales pesados en sedimentos marinos en la Bahía de San Antonio y altos niveles de plomo en sangre y arsénico principalmente en la población infantil. Es cuando comienza a plantearse que el origen de esa contaminación provendría de los depósitos de ganga o descarte de la actividad minera ubicados a cielo abierto en los terrenos costeros de esa Bahía y en los fondos del terreno de la fundición, hoy en el centro de la planta urbana, abandonados a mediados de los ’80, cuando la Fundición se declara en quiebra y desaparece.

A partir de entonces, se realizaron diversos estudios de contaminación y en 2005 se conforma la Comisión Multisectorial, constituida por instituciones y vecinos de la localidad de SAO, gracias a cuya gestión la remediación del pasivo ambiental minero de San Antonio Oeste se incluye en un programa de financiamiento BID para la gestión ambiental. Para la ejecución de estos trabajos se firman sucesivos convenios, con a la firma Ezequiel Walter Silva primero, con Taym S.A. después; y a pesar de que ninguno de ellos alcanzó los términos de los pliegos licitatorios, las empresas no recibieron ni las sanciones ni las multas previstas.»

«Las obras quedaron incompletas y en algunos casos sin remediar. La celda ejecutada no es lo suficiente para la remoción total de los volúmenes de escorias y suelo contaminado. La contaminación por plomo aún continúa en el lugar, en los suelos del predio de la fundación que hoy están dentro del casco urbano, que han sido loteados y sobre los que se asientan edificaciones en los que viven familias con niños. Durante mareas extraordinarias el agua alcanza la zona Frente la Estanciera, al retirarse transporta metales a la Bahía de San Antonio. Lo mismo sucede en el Frente el Autódromo, lugar donde las pilas están muy cerca de la napa freática” detalló la parlamentaria en el pedido de informes para dar cuenta de la gravedad de la situación.»

Para acceder al texto completo del Pedido de Informes, haga click aquí.